Ferrocarrileros alertan impacto por aumento en cobro de concesiones
La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) analizará las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Derechos dentro del Paquete Económico 2027, las cuales plantean incrementar la tasa por el uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas para concesiones con 16 años o más de vigencia.
Frente a la iniciativa del Ejecutivo Federal, el sector ferroviario de carga destacó este 18 de septiembre que es una industria intensiva en capital, con inversiones acumuladas superiores a los 16 mil millones de dólares en la modernización y capacidad del sistema.
La AMF advirtió que las inversiones de capital (CAPEX) equivalen aproximadamente al 100% de su utilidad neta, un reflejo de la reinversión permanente que exige la infraestructura.
Por ello, para la asociación es necesaria «la instrumentación de mecanismos que permitan mejorar gradualmente la planeación financiera y de inversiones».
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justificó el ajuste el 17 de septiembre, argumentando que la contraprestación no ha sufrido modificaciones desde la década de 1990 y busca reconocer el valor actual de los activos de la Nación.
La tasa propuesta para este sector pasaría del 1.25% al 3% de los ingresos brutos. Esto representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos de las empresas, equivalente a una variación relativa del 140%.
Como incentivo, se mantendrá una tasa preferencial del 0.5% durante los primeros 15 años para las nuevas concesiones. La autoridad federal indicó que la nueva tasa del 3% se mantiene por debajo de lo cobrado en infraestructura similar, como en puertos marítimos y aeropuertos, donde el derecho asciende hasta el 9% sobre los ingresos brutos.
Asimismo, la dependencia descartó un aumento significativo en las tarifas o mercancías, al señalar que el pago de estos derechos tiene un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
El gobierno dará seguimiento a la evolución tarifaria para evitar impactos logísticos injustificados a los usuarios. En contraste, la AMF evidenció las presiones operativas y fiscales que ya enfrenta: costos adicionales en seguridad y protección que representan aproximadamente el 3% de los ingresos del sector, y la imposibilidad de acreditar el IEPS del diésel desde 2019, lo cual genera un impacto equivalente a casi el 5% de los ingresos anuales.
Pese a estos factores, el ferrocarril de carga mantiene un precio promedio de 0.03 dólares por tonelada-kilómetro y ha alcanzado una participación del 27 por ciento del mercado terrestre frente al autotransporte.
Ante este panorama, la AMF refrendó su disposición para dialogar con las autoridades y construir alternativas que permitan «fortalecer la recaudación, preservar la competitividad y mantener las condiciones necesarias para continuar invirtiendo en la infraestructura ferroviaria del país».
